CIUDAD DE MÉXICO.- El pago de pensiones y jubilaciones crece paulatinamente de tal manera que hoy es el principal riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que en 2020 el sector público destinó 954 mil 461 millones de pesos a pagar pensiones, monto que, en perspectiva, representa un crecimiento de 9.2% promedio anual real en los últimos 25 años, con lo que el peso de las pensiones públicas pasó de 4.5% a 15.9% del gasto total entre 1995 y 2020.
A esta presión se suma la pensión de adultos mayores, que entre 2018 y 2019 se triplicó en términos reales. En 2020 y 2021 volvió a crecer, y ahora los Precriterios 2022 muestran que pasará de 135.6 a 240 mil millones de pesos.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la promesa presidencial de aumentar el apoyo a adultos mayores (de 2,500 a 6,000 pesos bimensuales) y de reducir la edad para recibirla (de 68 a 65 años) elevará el gasto pensionario de 4.7 a 6.5% del PIB entre 2020 y 2024, por lo que pasará de 18.1 a 26.2% del gasto total en ese lapso.
FACTORES
lejandra Macías, experta en pensiones e investigadora del CIEP, explicó a Excélsior que la decisión de incrementar la pensión de adultos mayores no estaba en la batería de temas urgentes del sistema pensionario, y lamentó que la decisión no fuera producto de una propuesta estructurada sobre su viabilidad.
Comentó que el sistema de pensiones mexicano tiene cuatro pilares y el reto más grande está en el pilar dos, que son las pensiones de beneficio definido del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, entre otras.
Esto porque no sólo son las que consumen mayor parte del presupuesto y las que más crecen año con año, sino que tienen un problema de transparencia, ya que no se puede dar seguimiento puntual al número de pensionados totales.
Dijo que la pensión para adultos mayores la recibirán 10.7 millones de personas de 65 años y más, y para 2024 esa cifra será de 12 millones.
FOCALIZACIÓN
Para atemperar la presión fiscal del anuncio presidencial, Macías se mostró partidaria de regresar al esquema anterior, en el cual esta pensión no era universal, sino que la reciban sólo quienes no tuvieran una pensión pública contributiva.
Sin embargo, manifestó que esto tendría algunos problemas que resolver. Primero, porque no todas las pensiones públicas son altas, por lo que un segmento importante de la población verá injusto que le quiten la pensión de adultos mayores. Y segundo, porque existe una clase media que paga servicios que el Estado brinda de mala calidad, como salud o educación, y ven en la pensión de adultos mayor una manera de compensar esta deficiencia.
Alejandra Macías cuestionó la pertenencia de elevar el monto de pensiones para adultos mayores en una época en la que se tienen múltiples necesidades inmediatas, como un mayor gasto en salud.
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