El pasado lunes 21 el precio del petróleo volvió a sufrir una nueva caída vendiéndose a 37.26 dólares por barril, siendo la disminución más profunda desde el pasado 8 de septiembre, esto es preocupante ya que hoy por hoy las finanzas de Pemex son todavía un elemento clave para las finanzas públicas del país. De acuerdo a la información para inversionistas de Pemex publicadas este mes, la empresa continúa siendo el contribuyente más importante de la hacienda pública en 2020. En el periodo enero-agosto de este año hizo contribuciones directas e indirectas por 438 mil 71 millones de pesos, en el mismo periodo recibió 43 mil 333 millones de pesos en beneficios fiscales en el pago del Derecho por Utilidad Compartida y 46 mil 256 de aportaciones para el financiamiento de la inversión de la nueva refinería, en términos netos entrego 348 mil 482 millones de pesos a la hacienda pública en el periodo enero-agosto.
En esta perspectiva, las variaciones en el precio del petróleo repercuten de inmediato en las finanzas públicas. Para el presupuesto federal 2021 se estima que Pemex entregue 897 mil 170 millones de pesos al financiamiento del Presupuesto por concepto de contribuciones directas e indirectas, y recibirá solo 45 mil millones de peso por concepto del financiamiento para la inversión de la nueva refinería, lo que de concretarse significaría una contribución de 852 mil millones de pesos, manteniendo a la empresa como el mayor contribuyente del país.
Esto plantea un dilema. Continuamos teniendo un presupuesto público petrolizado, sensible a las variaciones de sus cotizaciones internacionales, lo que crea un ambiente de incertidumbre. Esto requiere de una estrategia hacendaria que se responsabilice de esta situación, el país requiere despretrolizar las finanzas públicas, es decir tenemos que elevar otras fuentes de financiamiento, para ello la única salida a esta situación es elaborar una reforma fiscal que eleve las otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, esta no parece ser la estrategia, ya que la Administración ha anunciado que la reforma fiscal añorada por todos se discutirá en el mejor de los casos en 2021 después de las elecciones.
Este impasse no se compatibiliza con la agenda internacional, en donde el debate se ha abierto ante la posibilidad de que ciertos países aumentan su producción de petróleo para la exportación o la reanuden como es el caso de la libia, complicando aún más el mercado de crudo es elevarla progresivamente de 1.7 millones de barriles diarios en 2020 a 2.2 millones de barriles diarios en 2024. Sin embargo, en el mismo reporte se reconoce que esto está sujeto a los vaivenes de la coyuntura internacional, y se hace referencia a que se realizó una reducción de la producción programada en los meses de mayo a julio para cumplir con el acuerdo de la OPEP, es decir no obedeció a una caída natural de la producción. Esto coloca en situaciones conflictivas no solo a la empresa, sino a las finanzas públicas, ya que, si se requiere cumplir con acuerdos internacionales, se tienen que ajustar los resultados previstos y con ello el margen de maniobra de las finanzas públicas para atender las necesidades de un aparato productivo que se encuentra en pésimas condiciones ante la pandemia.
A lo anterior se suma una situación grave: la Administración anterior decidió dejar de invertir en Pemex, lo que llevo a una situación de vulnerabilidad a la empresa y al país. De un nivel de inversión de 359 mil millones en 2014 la redujo a 189 mil millones de pesos en 2018, lo que llevo a un aumento en el costo de extracción del crudo, de 7.8 dólares por barril en 2016, a uno de 13.7 dólares por barril en 2018. En esta perspectiva el rompecabezas para reducir la dependencia de este preciado recurso natural requiere de una ingeniería financiera compleja, en donde se pueda programar el desarrollo de energías alternativas, sin debilitar a Pemex, ya que hoy por hoy no tenemos fuentes de financiamiento, ni de energía, que puedan suplirlo.
Se requiere de una estrategia integral que de coherencia a la operación de la empresa, para que siga apoyando a las finanzas públicas, pero en una perspectiva de situación progresiva tanto de la aportación al erario público, como a la sustitución como fuente de energía nacional. Se debe demandar la formación de un consejo nacional que realice estas tareas, ya que no se percibe que ninguna instancia hasta el momento esté involucrada en esta estrategia de manera integral. Para que esto funcione en esta Administración se requiere establecer por una parte un consejo para la reforma fiscal que elabore una propuesta de manera pausada y debidamente discutida, y acompañarlo de un consejo para desarrollar las energías renovables, ya que las instancias actuales carecen de las potestades para concretar un plan de estas magnitudes. El tiempo corre y las necesidades se multiplican, esperamos que no se desperdicie esta oportunidad de fortalecer la estrategia nacional de desarrollo.
Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx
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